La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la destitución del juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, quien es señalado de beneficiar a casinos y realizar operaciones financieras no justificadas por 28 millones de pesos.
El pleno del Alto Tribunal rechazó por unanimidad el recurso interpuesto por Jerezano Treviño contra la destitución que le impuso el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
También fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) y sancionado por “falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido” durante el trámite de al menos 12 amparos cuando era Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón.
Respecto a las tres primeras conductas mencionadas, el Consejo de la Judicatura Federal indicó que revestían ese carácter, por tratarse de la repetición de una misma conducta, existía unidad de propósito e infringían las mismas disposiciones.
Jerezano Treviño fue suspendido como juez de distrito en 2014, luego de una investigación que tomó dos años y medio.
La destitución le fue impuesta, además, porque faltó a la verdad en sus declaraciones patrimoniales, obtuvo ingresos no justificados y no se declaró impedido para conocer amparos promovidos por personas con las que tenía relación.
El Consejo de la Judicatura aún no ha resuelto los casos de los magistrados de circuito Eduardo Ochoa Torres y José Manuel Rodríguez Puerto, así como del juez Rubén Lozano, todos suspendidos desde 2014, también por presuntos vínculos con casinos.
En cuanto a Jerezano, el caso más grave fue el de la empresa Atracciones y Emociones Vallarta (AEV), vinculada con el Casino Royale de Monterrey, ubicado en el estado de Nuevo León.
En diciembre de 2008 la empresa ganó un amparo por el que se ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) reconocer la validez de un permiso para operar cinco casinos, que según la dependencia era falso ampliar dicho permiso para autorizar 41 books deportivos y levantar clausuras sobre dos casas de apuestas.
Entre otras irregularidades, Jerezano aceptó tener por cumplida la sentencia de amparo, mediante un documento supuestamente expedido por la Segob, que también era falso y fue presentado por los abogados de AEV, lo que es totalmente inapropiado.
Al juez Jerezano y su esposa también les fue asegurada una cuenta con 2.2 millones de dólares en el banco IBC de McAllen, por autoridades de Texas.